La responsabilidad de los administradores

En nuestra sociedad actual, donde se mezclan de forma absolutamente homogénea personas físicas y personas jurídicas en el tráfico jurídico diario, cobra una especial relevancia conocer las consecuencias que los actos que realizamos, ya sea en nombre propio como en nombre y representación de una persona jurídica.

Existen múltiples cargos que pueden vincular a efectos obligacionales a una persona jurídica, pero, sin duda, el cargo más relevante es el del Administrador de la sociedad mercantil, puesto que todas las personas jurídicas deben tener un órgano de gestión y control, que suele tomar la forma de Administradores únicos, solidarios, mancomunados o Consejo de Administración.

Pese a todo, un Administrador puede encontrarse en la tesitura de percatarse de que su gestión en la Sociedad Mercantil traspasa la barrera de responsabilidad que, aparentemente, otorga el abrigo de una persona jurídica, especialmente a través de la doctrina del “levantamiento del velo”.

La responsabilidad a la que puede que tengan que hacer frente los administradores, de forma personal, ilimitada y con su patrimonio,  pueden tener origen en diversas fuentes:

Responsabilidad por daños

Según dicta la Ley de Sociedades de Capital, los administradores de una compañía deberán responder ante la sociedad, los socios y los acreedores, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. (art.236)

Responsabilidad por contingencias económicas o estructurales

Según dicta la Ley de Sociedades de Capital, en consonancia con la Ley Concursal, los Administradores tienen el deber de controlar que la sociedad mercantil no se encuentre en una situación concursal, que significa que la sociedad de capital no puede ni debe encontrarse en una situación de insolvencia que pueda agravar todavía más la situación de la empresa, así como perjudicar a los acreedores de la misma. Esta situación concursal puede venir dada por problemas de liquidez, por exceso de deudas, o por una estructura incorrecta del capital de la empresa que debe ser corregido.

El problema principal de este tipo de responsabilidad es que la derivación de la misma es “cuasi objetiva”, y supone porcentualmente la mayoría de razones por las que los administradores de las sociedades son condenados al pago personal de deudas.

El administrador debe ser diligente en el control de las cuentas de la mercantil, así como controlar que exista liquidez para afrontar las obligaciones contraídas, entre otras cosas, porque se juega su patrimonio personal, y una gestión deficitaria habilitará a los acreedores para perseguir su patrimonio personal.

Responsabilidad ante hacienda y seguridad social

Como no podría ser de otro modo, los Administradores tampoco quedan exentos de rendir cuentas ante la Administración, ya sea de acuerdo con las obligaciones tributarias de la sociedad, como respecto del pago de los Seguros Sociales a los trabajadores que pueda tener en plantilla.

A modo de ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos de acuerdo con el formato informativo del artículo, en el caso de que la empresa cometa una infracción tributaria, la entidad se enfrentará a una sanción de entre el 50% y el 150% del montante de la cantidad defraudada.  En el caso de que la entidad no pueda asumir la subsanación de la infracción, más el coste de la sanción, la responsabilidad podrá recaer en el administrador, de acuerdo con el apartado 2 del art. 42 de la Ley General Tributaria.

En el ámbito de la Tesorería General de la Seguridad Social, se ha establecido un régimen equiparable al de la Administración Tributaria, no siendo extraño que ante la imposibilidad del cobro de los seguros sociales de los trabajadores se inste un expediente de Responsabilidad Directa contra los Administradores, en un procedimiento puramente Administrativo y sumario.  

A días de hoy, la administración puede derivar directamente sus créditos contra los Administradores de las sociedades que incumplen sus créditos, de acuerdo con la Ley 52/2003.  

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2017-10-09T15:37:58+00:00 2017/09/14|Legal|0 Comentarios

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